La Fiscalía General del Estado concluyó la presentación de sus pruebas en el juicio del denominado caso Triple A y expuso doce argumentos para sustentar la acusación por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles.
Tras finalizar la etapa de alegatos, el Tribunal de Garantías Penales entró en fase de deliberación para emitir su resolución sobre los 21 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que se imponga la pena máxima prevista para este delito, junto con las agravantes contempladas en la legislación penal. La Fiscalía sostiene que los acusados habrían integrado una estructura dedicada al desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados, ocasionando un perjuicio económico al Estado.
Como parte de su exposición, la Fiscalía presentó doce elementos que, a su criterio, respaldan la responsabilidad penal de los procesados. Entre ellos constan informes técnicos, documentación financiera, registros de transacciones comerciales, pericias informáticas, testimonios y otros elementos que, según el ente investigador, demostrarían la existencia de una red organizada para el presunto desvío de combustibles.
Por su parte, las defensas rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las pruebas presentadas no demuestran la existencia del delito ni la participación de sus representados. Los abogados solicitaron al Tribunal que valore de manera objetiva los elementos incorporados al proceso y ratificaron la inocencia de los procesados.
Concluida la fase probatoria y los alegatos finales, el Tribunal de Garantías Penales inició la etapa de deliberación, en la que analizará toda la evidencia presentada por las partes antes de emitir una sentencia. Hasta que exista un fallo ejecutoriado, los procesados mantienen la presunción de inocencia, conforme al debido proceso establecido en la legislación ecuatoriana.
El caso Triple A es una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión en el país por la presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados. La decisión del Tribunal marcará el siguiente paso en este proceso, que ha permanecido bajo el seguimiento de la opinión pública por las implicaciones políticas y económicas que conlleva.
