Un nuevo enfrentamiento político se produjo entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Quito, luego de las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que el sistema de cámaras de videovigilancia de la capital estaría bajo la responsabilidad de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia, conocida como Senain.
Las afirmaciones fueron realizadas durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, en el marco del proceso de fiscalización relacionado con el presunto uso irregular de las cámaras de la empresa municipal Segura EP de Guayaquil.
Durante su intervención, Reimberg manifestó que el caso no se limitaría únicamente a Guayaquil y sostuvo que existen otros municipios donde también operan sistemas similares, en ese contexto señaló que, en Quito, exintegrantes de la desaparecida Senain serían quienes administran parte del sistema de videovigilancia de la ciudad.
El ministro cuestionó la finalidad de estos sistemas y afirmó que las denominadas "salas espejo" podrían ser utilizadas para obtener información privilegiada sobre operativos policiales y militares, permitiendo que organizaciones delictivas conozcan con anticipación la ubicación de controles, allanamientos e intervenciones del Bloque de Seguridad. Además, anunció que las investigaciones se ampliarán hacia otros gobiernos locales para verificar el manejo de los sistemas de monitoreo.
Las declaraciones generaron una inmediata respuesta por parte del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que el sistema de videovigilancia del Municipio funciona bajo estrictos protocolos de seguridad y con total transparencia.
Muñoz calificó las afirmaciones del ministro como irresponsables y aseguró que no existe ninguna evidencia que vincule al Municipio con actividades de espionaje o uso indebido de la información obtenida por las cámaras de seguridad. El alcalde enfatizó que el objetivo del sistema municipal es exclusivamente fortalecer la seguridad ciudadana y apoyar las labores de prevención y respuesta ante emergencias.
Asimismo, el Burgomaestre manifestó que, si el Gobierno posee pruebas sobre posibles irregularidades, estas deben ser presentadas ante la Fiscalía y las autoridades competentes, y no difundirse únicamente mediante declaraciones públicas. También defendió el trabajo de los funcionarios municipales y aseguró que las instituciones deben actuar con responsabilidad para evitar generar desinformación y afectar la confianza de la ciudadanía.
Este nuevo intercambio de declaraciones profundiza las diferencias entre el Gobierno Nacional y la administración municipal de Quito en temas relacionados con la seguridad. Mientras el Ministerio del Interior sostiene que existen indicios que justifican ampliar las investigaciones sobre los sistemas de videovigilancia, el Municipio insiste en que las acusaciones carecen de sustento y ha reiterado su disposición para colaborar con cualquier proceso de investigación que desarrollen las autoridades competentes.
