El proyecto de agua potable de Cóndor Machay, que contempla aumento del caudal, 90 litros por segundo para Cashapamba, Loreto, Sangolquí y otros sectores, vuelve al debate público.
La obra es importante para el cantón, pero también surgen inquietudes sobre la fiscalización técnica, el cumplimiento de plazos y la calidad de los materiales, entre otros aspectos.
Desde varios sectores se insiste en que el fiscalizador debe estar presente en la obra y que hace falta una veeduría ciudadana para vigilar que el proceso se cumpla con transparencia y conforme a la ley. La expectativa ciudadana es clara: que el presupuesto se ejecute, que los recursos públicos no queden paralizados y que la obra beneficie realmente a la gente.
Además, se anticipa que Contraloría deberá revisar tanto el proceso contractual como la ejecución de la obra y desde el concejo municipal se espera la misma fiscalización responsable.
La pregunta queda abierta:
¿Se está controlando y fiscalizando esta obra como Rumiñahui merece?
