El cumplimiento más rígido de la regla 70/30 abre una preocupación importante: la posible reducción de programas sociales que hoy son atendidos por municipios, prefecturas y sus entidades adscritas.
Muchos de estos programas funcionan con equipos técnicos en territorio, como psicólogos, pediatras, médicos generales, geriatras y personal de apoyo comunitario. Si ese financiamiento entra en presión por el ajuste presupuestario, puede disminuir la cobertura a grupos prioritarios.
Entre los sectores más sensibles están:
- Infancia,
- Adultos mayores,
- Personas con discapacidad,
- Mujeres en situación de vulnerabilidad,
- Familias de escasos recursos.
Si bien existe duplicidad de funciones entre GAD y Gobierno Central en áreas sociales, eso no elimina la necesidad de atención. Si los municipios y prefecturas reducen su intervención, el Estado central debe asumir plenamente su rol.
Esto implica una respuesta más eficiente y visible de ministerios como:
- Salud,
- Educación,
- Inclusión Económica y Social.
La reforma puede mejorar la disciplina fiscal, pero su impacto será cuestionado si termina generando un vacío en la atención a los más vulnerables.
La clave política y social está en esta condición: si los GAD salen de ciertos programas sociales, el Gobierno Central debe entrar con presupuesto, personal y resultados. De lo contrario, se ordenan las cuentas, pero se desprotege a la gente vulnerable.
