La aplicación más estricta de la regla 70/30 en municipios y prefecturas no crea una norma nueva, pero sí endurece su cumplimiento.
El cambio principal está en que se reducen los márgenes para registrar como inversión gastos que en la práctica son recurrentes. Durante años, en varios GAD se cargaron a inversión rubros como salarios de personal de obras públicas, agua potable, servicios profesionales y consultorías. Con la reforma, esos gastos deberán sincerarse y registrarse de forma más clara.
Esto obligará a los gobiernos locales a ajustar sus presupuestos en 2026, con posibles efectos como:
- Reducción de personal,
- Recorte de consultorías y contratos,
- Revisión de asignaciones a empresas públicas y entidades adscritas,
- Reestructuración de partidas infladas.
En cantones como Rumiñahui, este escenario puede acelerar un sinceramiento presupuestario que ya se venía cuestionando políticamente. La reforma también responde a una demanda ciudadana: que los recursos públicos se orienten con mayor claridad a obra pública y servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, vialidad e infraestructura.
El desafío para alcaldes y prefectos será demostrar que el cumplimiento del 70/30 se traduce en inversión real y resultados concretos, no solo en ajustes contables.
