La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, presentó una acción de protección con medida cautelar con el objetivo de recuperar su cargo dentro del organismo, tras haber sido inhabilitada recientemente para ejercer funciones públicas.
La decisión fue adoptada el pasado 12 de febrero de 2026, luego de que la Corte Nacional de Justicia remitiera una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la designación de su posible reemplazo en la vocalía correspondiente a la Presidencia suplente de la Judicatura.
Según Villacís, este recurso constitucional busca garantizar el respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y la institucionalidad, principios que —asegura— deben regir todas las actuaciones dentro de un Estado de derechos y justicia. La funcionaria sostiene que la medida no responde a intereses personales ni a una disputa por cargos, sino a la necesidad de que un juez independiente evalúe la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas en su contra.
La controversia se originó tras detectarse un impedimento administrativo que le habría imposibilitado asumir funciones públicas, situación que derivó en su separación temporal del cargo. Incluso, durante la licencia solicitada por el presidente del organismo, Mario Godoy, el pleno del Consejo designó al vocal Damián Larco como presidente temporal de la institución.
Pese a que Villacís asegura haber demostrado que no mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), el proceso para su sustitución continuó por parte de las autoridades competentes. En ese contexto, el CPCCS solicitó formalmente a la Corte Nacional el envío de una nueva terna para cubrir la vacante generada.
Mientras avanza el trámite para la eventual designación de su reemplazo, la justicia deberá analizar la acción de protección interpuesta, que podría definir la continuidad o no de Villacís dentro del Consejo de la Judicatura.
