La Corte Constitucional del Ecuador determinó que las instituciones públicas no pueden bloquear a ciudadanos en sus cuentas oficiales de redes sociales, al considerar que esta práctica vulnera el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
El pronunciamiento se dio tras analizar una acción presentada por un ciudadano que fue bloqueado de la página oficial del Municipio de Lago Agrio luego de emitir comentarios críticos sobre la gestión municipal. Para la Corte, las redes sociales institucionales constituyen espacios de comunicación pública y, por tanto, deben garantizar la participación ciudadana sin restricciones arbitrarias.
En su dictamen, el máximo organismo de control constitucional señaló que las entidades estatales están obligadas a tolerar la crítica, el cuestionamiento y la opinión ciudadana, incluso cuando estos mensajes resulten incómodos para las autoridades. La Corte enfatizó que bloquear usuarios por expresar desacuerdos o reclamos constituye una forma de censura incompatible con un Estado democrático.
No obstante, el fallo aclara que las instituciones sí pueden moderar contenidos en casos excepcionales, como mensajes que inciten a la violencia, promuevan el odio, contengan expresiones discriminatorias o incluyan material sexual explícito. Estas medidas, según el organismo, deben estar debidamente justificadas y aplicarse de manera proporcional.
Además, la Corte dispuso que las entidades públicas elaboren protocolos claros para la administración de sus redes sociales, alineados con los principios constitucionales y el respeto a los derechos fundamentales en entornos digitales.
Este dictamen sienta un precedente importante en el país, al reconocer que las plataformas digitales oficiales son una extensión del espacio público y deben garantizar la libre expresión, la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión estatal.
