El Gobierno Nacional entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orientado a prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, una problemática que ha ido en aumento en el contexto de la violencia que atraviesa el país.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio del Interior, con el respaldo del Ejecutivo, y busca fortalecer el marco legal para proteger a los menores de edad frente a su utilización en actividades delictivas, especialmente por grupos vinculados al crimen organizado.
El proyecto contempla reformas a varios cuerpos normativos, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes recluten, utilicen o se beneficien del involucramiento de menores en delitos. Las penas podrían incrementarse de forma significativa, dependiendo de la gravedad de los hechos y del nivel de participación de las estructuras criminales.
Además del componente punitivo, la propuesta incorpora medidas de prevención y protección integral, que incluyen acciones coordinadas entre instituciones del Estado en ámbitos como educación, salud, desarrollo social y seguridad, con el fin de reducir los factores de riesgo que exponen a niños y adolescentes a este tipo de prácticas.
Otro de los ejes del proyecto es el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, garantizando la reserva de identidad y la protección de quienes alerten sobre casos de reclutamiento forzado o manipulación de menores por parte de grupos delictivos.
La iniciativa fue recibida por la Asamblea Nacional para su respectivo trámite legislativo y deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de su debate en el pleno. Desde el Ejecutivo se ha señalado que esta propuesta responde a una necesidad urgente de salvaguardar los derechos de la niñez y adolescencia, en medio de un escenario de creciente inseguridad.
El tratamiento de este proyecto marcará un nuevo capítulo en la discusión sobre seguridad y protección de derechos en el país, en un momento en el que la prevención del crimen organizado se ha convertido en una prioridad nacional.
