El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso una serie de reformas a los procesos de contratación pública para la adquisición de medicamentos e insumos médicos, con el objetivo de enfrentar el desabastecimiento que afecta a hospitales y centros de salud del país y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.
A través de un decreto ejecutivo, el Gobierno reformó el reglamento del sistema nacional de contratación pública, incorporando nuevos mecanismos que buscan reducir los tiempos de compra, evitar la fragmentación de procesos y garantizar la continuidad de la atención médica en la Red Pública Integral de Salud.
Entre los principales cambios se introduce la figura del abastecimiento centralizado, que permitirá realizar compras consolidadas para varias instituciones del sistema de salud, con el fin de obtener mejores precios, asegurar el suministro oportuno y reducir riesgos operativos. Este mecanismo deberá contar con la autorización de la máxima autoridad de cada institución y cumplir con parámetros técnicos previamente definidos.
Otra de las modalidades incorporadas es la adquisición de bienes con apoyo tecnológico, orientada a medicamentos e insumos que requieren equipamiento especializado para su uso, como tratamientos asociados a equipos médicos específicos. En estos casos, la compra podrá realizarse directamente a fabricantes o distribuidores autorizados, evitando intermediarios.
El decreto también contempla procedimientos excepcionales para atender situaciones de desabastecimiento crítico, permitiendo la contratación con organismos internacionales o con otros Estados, siempre que los productos cumplan con estándares de calidad y control sanitario reconocidos a nivel internacional.
En materia de transparencia, la normativa refuerza la obligación de realizar estudios de mercado más rigurosos, que incluyan análisis reales de precios y disponibilidad, y no se limiten únicamente a la recopilación de proformas. Además, se establecen requisitos mínimos de cotizaciones, salvo excepciones técnicas debidamente justificadas.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que estas reformas no eliminan los controles del sistema de contratación pública, sino que buscan hacerlo más ágil y efectivo, sin afectar la fiscalización ni la responsabilidad de las autoridades involucradas.
Las nuevas disposiciones entran en vigencia de forma inmediata y se enmarcan en los esfuerzos del Gobierno por fortalecer el sistema de salud pública y garantizar el acceso oportuno a medicamentos para la población, especialmente en los sectores más vulnerables.
