En Rumiñahui no existe un “índice único” oficial de inseguridad, pero sí hay indicadores duros que el Concejo y las autoridades pueden (y deben) transparentar.
Según registros de Fiscalía citados en un informe provincial, el cantón pasó de 675 delitos en 2022 a 1.097 en 2023 (+62,5%), y en promedio representa alrededor del 3% de los delitos de Pichincha.
En la vida diaria, la inseguridad se traduce en delitos que afectan de frente a las familias: robos a personas, viviendas, vehículos y autopartes. Y en Sangolquí la alarma social se mantiene encendida por una seguidilla de hechos: desde asaltos tipo “sacapintas” y episodios violentos (mayo de 2025), pasando por operativos que lograron desarticular bandas de robo (diciembre de 2025), hasta lo ocurrido ayer en Santa Rosa, donde un ciudadano resultó herido por impactos de bala y un presunto delincuente falleció por traumatismos, en medio de una reacción ciudadana.
Además, la extorsión (“vacunas”) es un fenómeno que creció con fuerza en el país: 8.399 casos (2022), 21.810 (2023) y 23.087 (2024), según cifras oficiales recopiladas por el Ministerio del Interior; en 2025 el boletín reporta 6.436 casos al corte del documento.
¿Y qué están haciendo las autoridades en Rumiñahui?
El Municipio reporta medidas como: Plan Cantonal de Seguridad aprobado en agosto de 2024 (validado por el Ministerio del Interior), 50 alarmas comunitarias conectadas a ECU-911, cámaras del proyecto “Rumiseguro”, un dron, y operativos coordinados con Policía/FF.AA. y controles CAMEX.
Lo político (y lo urgente)
No debería ser “un gran camello” para el Concejo Municipal de Rumiñahui y la Dirección de Seguridad exigir y publicar un tablero mensual con: delitos por tipo y sector, puntos críticos, tiempos de respuesta, patrullaje efectivo, funcionamiento de cámaras/alarmas, y resultados (detenciones, armas incautadas, judicialización). Con datos abiertos y metas, la ciudadanía puede evaluar gestión, no discursos.
