El Concejo Municipal de Rumiñahui no aprobó la Ordenanza de Valoración para el bienio 2026–2027 ni la ordenanza que establece los valores a pagar para el 2026, configurando un escenario político que varios actores ya describen como un bloqueo legislativo en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: el catastro y el impuesto predial.
La decisión llega luego del agotamiento del “blindaje” aprobado hace dos años, cuando el mismo concejo municipal congeló el valor de los avalúos y aplicó únicamente el ajuste por inflación. Ese mecanismo, que dejó a miles de propietarios pagando con valores referenciales arrastrados desde 2019, concluyó. Según lo expuesto en el debate, este giro impacta de forma directa: cerca de 11.000 predios dejarán de estar congelados y sentirán el incremento al pasar a valores más actualizados, mientras que aproximadamente 29.000 predios se mantienen sin cambios inmediatos, bajo el esquema vigente.
Votación y ruptura política
En la votación mencionada durante la sesión, el resultado reflejó una fractura clara:
- A favor (2): concejala Elisa Mena y alcalde Iza.
- En contra (5): concejales: Coronel, Subía, Óscullo, Méndez y Cárdenas.
- En blanco (1): concejal Puma.
El rechazo frenó el paquete normativo y trasladó el problema al terreno político y social: cómo corregir el catastro sin provocar un impacto abrupto y sin sostener decisiones sobre una base técnica cuestionada.
Consultoría cuestionada y tiempos críticos
Uno de los puntos más fuertes del debate fue la consultoría contratada, con un costo referido de USD 120.000. La concejala Subía cuestionó el trabajo, señalando problemas de metodología y de construcción de la fórmula —incluyendo la forma en que se estarían combinando factores— y advirtiendo que el problema es “más profundo” que una discusión simple de valores.
También se criticó el manejo del tiempo: se informó que el documento habría llegado a la comisión el 16 de diciembre, a pocos días de cerrar el año, lo que fue calificado como un desatino institucional para un tema de alta sensibilidad tributaria. En el pleno se recordó que, tras la confrontación política de hace dos años, existía el compromiso de realizar un estudio socioeconómico, que no se habría cumplido oportunamente; y que recién en agosto se contrató el proceso, pretendiendo cubrir 40.000 predios en tres meses, un plazo señalado como insuficiente para garantizar calidad y legitimidad.
A esto se sumó un elemento legal: se expuso que el contrato mantenía productos en distintas etapas, con pendientes de liquidación y entrega, lo que podría generar un problema adicional, pues el Municipio no podría usar plenamente los resultados si aún se consideran propiedad intelectual del consultor al no estar el proceso cerrado en su totalidad.
Presión social, costo político y debate en redes
En el trasfondo de la decisión está el temor político al costo social: con el fin del congelamiento, la ciudadanía empezará a sentir el alza en los predios que pierden el blindaje. Ese impacto real en el bolsillo explica —en parte— el ambiente de tensión y el riesgo de convertir una discusión técnica en una batalla de percepciones.
Además, el debate se trasladó con fuerza a redes sociales. Allí se observa que hay concejales que defienden sus tesis de forma desesperada y a la defensiva, como si se tratara de “ganar un duelo” político o proteger una postura personal. Ese tono confrontativo no ayuda a resolver: polariza, alimenta desinformación y desplaza lo esencial, que es construir una ruta de salida responsable y verificable.
Conclusión: desinformación, caos social y falta de soluciones
Este episodio deja al descubierto un problema de fondo: una sociedad desinformada y movimientos políticos también desinformados —o mal informados— que, al operar desde consignas y no desde datos, generan caos social. En temas sensibles como catastro e impuestos, la presión y el ruido pueden imponerse sobre la técnica, y la política deja de resolver para limitarse a reaccionar.
Para entender lo que ocurre y salir del ciclo de confrontación, se requiere analizar profundamente las realidades del cantón, con evidencia territorial y socioeconómica, no con percepciones ni narrativas de conveniencia. Hoy circulan opiniones que no se ajustan a la realidad social, y eso bloquea decisiones, desgasta la confianza ciudadana y empuja al cantón a un punto muerto.
Rumiñahui necesita menos discursos de trinchera y más gobierno: más transparencia, más explicación pedagógica, más control técnico y jurídico, y sobre todo más soluciones reales. Defender una tesis no es gestionar; gestionar es resolver.
