La Asamblea Nacional, mediante un comunicado oficial emitido el 6 de febrero de 2025, se refirió a la situación de la Vicepresidencia de la República tras la ausencia temporal del presidente Daniel Noboa.
En el documento señala que Verónica Abad Rojas sigue siendo la vicepresidenta en funciones debido a que no se le ha otorgado una licencia por parte del Legislativo, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Además, advierte que el uso de la denominación de “Vicepresidenta de la República en funciones” por parte de Cynthia Gellibert podría configurar una infracción contemplada en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Lo que establece el artículo 287 del COIP
El artículo 287 del COIP sanciona la usurpación y simulación de funciones públicas. Establece que cualquier persona que ejerza funciones sin la debida autorización o simule tener un cargo público podrá ser sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Este delito busca garantizar el respeto al orden legal y evitar actos que puedan confundir a la ciudadanía sobre la legitimidad de las autoridades.
En casos de destitución, suspensión o declaración de interdicción, también se establece una sanción si la persona afectada continúa ejerciendo funciones públicas tras ser notificada. La pena para esta acción se encuentra entre seis meses y un año de prisión.
Pronunciamiento de la Asamblea Nacional
El comunicado también hace referencia a la sentencia 1-25-IN/25 de la Corte Constitucional, que especifica que la ausencia temporal del Presidente no exime de control jurídico ni político.
La Asamblea reiteró que cumple con su rol de velar por la aplicación de la normativa vigente y que esta obligación no es discrecional.
#ComunicadoAsamblea | Nuevamente se irrespeta la Constitución pese al pronunciamiento de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/hqx9wdSg0w
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 7, 2025
El Parlamento recalcó que cualquier acción que contradiga lo dispuesto por la Constitución podría derivar en responsabilidades legales. El comunicado finaliza reafirmando su compromiso con el respeto a la ley y al Estado de derecho en el ejercicio de sus funciones.
